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Inicio  Las administraciones públicas deberán incorporar la lengua de signos y las tecnologías que facilitan su uso para garantizar la accesibilidad de las personas sordas
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El 4 de diciembre de 2017, finaliza el plazo legal para que las administraciones públicas incorporen la lengua de signos y las tecnologías que facilitan su uso en todos los entornos en los que los ciudadanos tenga la necesidad de interactuar, para así, ejercer sus derechos de forma plena. Así lo establece el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social.  Un plazo que también se hace extensivo a bienes y servicios de titularidad privada existentes a 4 de diciembre de 2015, que sean susceptibles de ajustes razonables, cuando no los suministren las administraciones públicas.

La presidenta de la CNSE, Concha Díaz,  califica esta medida de “muy positiva y necesaria para combatir situaciones de discriminación que a diario afectan a este colectivo”, ya que “el derecho a la accesibilidad no depende de cuántas personas necesitan un recurso determinado para poder vivir inclusivamente”. En este sentido, ha insistido en que “es importante recordar que la accesibilidad a la información y la comunicación es cuestión de necesidad, no de mayorías”.

 De este modo, a partir de esta normativa y a lo dispuesto en la Ley 27/2007 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconocen  la lengua de signos como lengua propia de las personas sordas, las administraciones públicas no tendrán respaldo legal para justificar la falta implementación de las medidas necesarias para asegurar la accesibilidad de las personas sordas a la información, así como su acceso a los procedimientos administrativos en igualdad de condiciones.
 
Para la presidenta de la Confederación, “es cuestión de que los gobiernos estatal y autonómico se comprometan con la aplicación de aquellas normas a favor de la plena inclusión y participación social de las personas con discapacidad”, si bien, considera imprescindible que se haga un seguimiento del cumplimiento de la ley en todas las entidades públicas y privadas que se ofrecen servicios públicos, utilizando el régimen sancionador que establece la ley general de discapacidad para los casos de incumplimiento. “De no haber consecuencias tras esos incumplimientos, el plazo no servirá para nada” advierte.

Por último, ha asegurado que “el movimiento asociativo CNSE, en tanto que representantes de la sociedad civil, seguirá estando vigilante para que la legislación en materia de accesibilidad se cumpla y sea garante de los derechos de todas las personas sordas”. 



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